Refuerzan operativos para el retiro de cámaras clandestinas en Baja California Sur

Detectan más de 130 cámaras utilizadas para halconeo durante 2025

Autoridades de seguridad de Baja California Sur anunciaron el reforzamiento de los operativos para el retiro de cámaras clandestinas de videovigilancia en la entidad, luego de que durante el año 2025 se detectaran y aseguraran más de un centenar de estos dispositivos.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente, informó que en el transcurso del año pasado fueron retiradas 130 cámaras apócrifas en distintos municipios, principalmente en La Paz, Los Cabos y Comondú, las cuales eran utilizadas para el denominado halconeo por parte de grupos delictivos.

Explicó que estas cámaras no pertenecen a ninguna institución oficial y suelen instalarse de manera irregular en postes, estructuras públicas o puntos estratégicos, sin estar vinculadas a domicilios específicos, con el objetivo de vigilar el desplazamiento de corporaciones policiacas y la movilidad de personas.

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Cancino Vicente señaló que los operativos de inspección y retiro continuarán en los cinco municipios del estado, cuidando no afectar equipos de videovigilancia legítimos.

“Se retiran únicamente aquellas cámaras en las que se comprueba un uso indebido”, puntualizó.

Detalló que, en el caso de La Paz, los dispositivos han sido localizados tanto en colonias del norte y sur como en el centro de la ciudad. De acuerdo con el monitoreo realizado, no se ha detectado una reinstalación sistemática en los mismos puntos, aunque sí se han presentado algunos casos en domicilios particulares, donde las cámaras fueron retiradas nuevamente.

Las cámaras aseguradas son puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia encargada de investigar si su operación está vinculada a actividades ilícitas; en caso de tratarse de equipos particulares sin relación con delitos, estos son devueltos a sus propietarios.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de refuerzo de la seguridad en Baja California Sur, ante el incremento de actividades relacionadas con grupos dedicados al narcotráfico, con el objetivo de impedir que estructuras criminales utilicen tecnología para evadir la acción de las autoridades.